Fores – Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia – Septiembre 20051
1. Estado de la cuestión
1.1 Antecedentes
Con el fin de las dictaduras militares que gobernaron la región durante las décadas de los 70´ y 80´, América latina recuperó paulatinamente la democracia. Desde comienzos de la década de los 90´, los países se preocuparon por fortalecer sus sistemas democráticos y hacer vigente el Estado de Derecho. En este marco, los gobiernos nacionales, autoridades judiciales y la sociedad civil participaron en esfuerzos en la región para reformar las Instituciones jurídicas. En muchos de los países se lograron resultados positivos a través de reformas que, además, consolidaron el Estado de Derecho. Uno de los aspectos que fortalecen la democracia y la vigencia del estado de derecho es la capacidad de distintos sectores de la población de acceder a soluciones pacíficas y justas de las controversias que se promueven en el orden jurídico. Por ello, la XIV Conferencia de Ministros de Justicia de Países Iberoamericanos, celebrada a mediados del año 2004 en la ciudad de Fortaleza en Brasil, concluyó en la necesidad de promover horizontalmente en estos países, políticas públicas de acceso a la justicia.2 Sin embargo aún no se dieron soluciones reales a los problemas y conflictos de los grupos más vulnerables (mujeres, comunidades indígenas, población carcelaria, niños, adolescentes, personas mayores, entre otros). Debido a razones económicas, sociales, culturales y geográficas, esos grupos siguen teniendo dificultades para la solución a sus problemas a través del sistema judicial. Las causas de esto son diversas: servicios jurídicos caros, discriminación, concentración de servicios jurídicos en las ciudades grandes y un sistema legal nacional que, en general, presenta dificultades para brindar soluciones a conflictos concretos. La falta de acceso a la justicia es un factor que contribuye a un aumento de los conflictos violentos…
