Captura de pantalla 2016-01-25 a las 7.37.11 p.m.Autor: Héctor Mario Chayer. Colaboradoras: Nina Di Salvo y María Milagros Jutard

Editores: Fores y Fundación Konrad Adenauer, Montevideo, 2008

“A fines del siglo XX, los organismos internacionales y los Gobiernos latinoamericanos desarrollaron y adoptaron varios tratados internacionales, códigos de ética judicial y otros instrumentos diseñados para combatir la corrupción y elevar los estándares éticos de la Administración Pública, en general, y de los Poderes Judiciales, en particular.

Sin embargo, la crisis de ética en la justicia latinoamericana no se ha resuelto. Los nuevos instrumentos no han logrado elevar el estándar ético de los jueces y las sociedades latinoamericanas siguen teniendo poca confianza en la Administración de Justicia;[1] los inversores piensan dos veces antes de invertir en la región y la justicia por vías extralegales aumenta.

La pregunta que, por medio de este análisis, se pretende responder es ¿qué puede hacer la sociedad civil organizada para implementar los instrumentos legales y elevar los estándares éticos de jueces y funcionarios judiciales?

Se puede afirmar, de modo preliminar, que las soluciones se derivan de cambios en el grado de exigencia social: una sociedad que aspira a vivir en un Estado de derecho efectivo no puede aceptar determinados comportamientos; debe tener mecanismos efectivos de rechazo y sanción.

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) tienen un papel esencial en el cambio de los comportamientos socialmente aceptables. Este papel incluye, de hecho, promover la elevación de los estándares de comportamiento ético de los servidores públicos, entre ellos, los magistrados. La sociedad civil puede incidir en ese proceso de varias maneras: puede rechazar y denunciar comportamientos inaceptables, utilizar herramientas legales para fomentar la transparencia y crear incentivos para promover el comportamiento ético.

En este libro se plantean técnicas de incidencia de la sociedad civil y se evalúan seis proyectos, implementados por OSC, que combinan varias técnicas para crear un programa de ética judicial integral. Estos seis proyectos ayudan a delinear pautas a las OSC interesadas en el desarrollo de planes de ética judicial de alto impacto.

La evaluación de las fortalezas y debilidades de proyectos enfocados en la elevación del nivel ético de los magistrados latinoamericanos provee, también, lecciones para otras organizaciones interesadas en el tema. El desarrollo de nuevos proyectos relacionados con la ética judicial puede capitalizar estas lecciones, evitar los obstáculos ya enfrentados por la sociedad civil y aprovechar técnicas de incidencia de eficacia demostrada.”

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