Los procesos de incorporación de las Tecnologías de la Información en los Poderes Judiciales Provinciales y Federal adoptan diversas formas en los distintos poderes judiciales, tales como procesos asistemáticos, solicitudes de fondos a organismos internacionales de crédito, etc, No obstante, la importancia de su incorporación radica en que produce un fuerte incremento en la productividad de los tribunales, ya que son órganos cuya labor básica es procesar información. En muchos casos la adquisición de computadoras sirvió para el reemplazo de las máquinas mecánicas de escribir y se utilizan como banco de datos interno, para la confección de escritos, e inclusive han venido a reemplazar en algunos lugares el registro de ingreso de expedientes en los libros manuales, pero el grado de desarrollo en las aplicaciones es sumamente irregular en cuanto al alcance y a la distribución geográfica. Inclusive muchas de las computadoras que se utilizan actualmente en los juzgados son propiedad de los empleados y funcionarios y los avances en cada caso dependen de la inciativa de éstos mas que de un plan general de incorporación de tecnología que permita maximizar los beneficios para el sistema.
En términos generales se trata de pasar completamente del sistema actual, basado en el papel y el procesamiento manual de las causas, a un sistema cuyo soporte sea el digital, a través de Redes Informáticas Judiciales conectadas a Internet permitiendo la consulta y gestión completa de expedientes digitalizados y alcanzando el ideal de la oficina judicial “sin papeles”. No se trata de un nuevo mecanismo para realizar los mismos procesos; ni siquiera para hacerlos más rápido; se trata de concebir un nuevo tratamiento del proceso judicial.
El presente trabajo tiene como objetivo brindar un panorama acerca de los principales avances en los procesos de incorporación de las modernas Tecnologías de la Información en los Poderes Judiciales Provinciales y Nacionales. Así contar con información confiable sobre la situación de estos procesos a lo largo de nuestro país para servir de insumo de políticas judiciales concretas.
El equipo de investigadores a cargo del presente trabajo se conformó por Héctor Chayer, Gemán C. Garavano y Milena Ricci. La investigación se llevó a cabo gracias a la contribución de VERAZ.
Fecha de Inicio: JULIO DE 1999
Fecha de Finalización: SETIEMBRE DE 1999