Ante las declaraciones del nuevo Ministro de Justicia y Derechos Humanos en las que sostuvo que el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, “está atornillado a su cargo” y expresó que “su situación es insostenible, indicamos:
- El Dr. Casal se encuentra desempeñando el cargo de manera interina y por expresa disposición legal, pues en caso de vacancia el cargo de Procurador General debe ser ejercido por el procurador fiscal ante la Corte con mayor antigüedad en el cargo.
- El interinato del Dr. Casal se debe a que, desde la renuncia de la ex Procuradora Alejandra Gils Carbó en 2017, el Poder Ejecutivo Nacional no ha logrado en el Senado el consenso necesario para su reemplazo. El pliego del candidato presentado por el Presidente de la Nación ni siquiera ha sido puesto a consideración de los senadores por la presidencia del Senado.
- El requisito de que el nombramiento del Procurador General (al igual que el de la Defensora General de la Nación) cuente con el acuerdo de los dos tercios del Senado fortalece la independencia del Ministerio Público, al evitar que su designación quede a merced de una mayoría circunstancial en el Senado.
El proyecto de ley en discusión en la Cámara de Diputados de la Nación que persigue reformar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal eliminando la mayoría agravada requerida para la designación del Procurador General, otorgar el cogobierno del Ministerio Público Fiscal (órgano que conforme la Constitución Nacional resulta independiente de los restantes poderes del estado) a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, y garantizar la mayoría del oficialismo en el Tribunal de Enjuiciamiento de Fiscales, pone en riesgo la estabilidad de aquellos funcionarios que avancen en investigaciones que incomoden al poder de turno, lo que resulta contrario al estado constitucional de derecho.
Por estas razones, llamamos a los diputados a rechazar el proyecto de ley.
Alfredo M Vítolo – Presidente
Marcelo Gobbi – Secretario
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