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Sin Justicia no hay progreso: cincuenta años de una convicción

Por Pablo Pirovano — Presidente de FORES

Progreso y Justicia deberían ser sinónimos. Una sociedad necesita saber que la libertad será respetada, que la ley regirá por igual para todos y que la propiedad estará protegida. Cuando esas garantías se vuelven inciertas, se debilita la confianza, se desalientan las inversiones y se reducen las oportunidades de trabajar, producir y desarrollarse. Sin una Justicia que haga efectivos los derechos, el progreso pierde sus cimientos.

Nuestra Constitución reconoce esos derechos a todos los habitantes del suelo argentino. Al Poder Judicial le corresponde una responsabilidad decisiva: protegerlos en los casos sometidos a su decisión y controlar que el ejercicio del poder se mantenga dentro de los límites constitucionales. La independencia y la imparcialidad judiciales son, por eso, garantías de cada persona frente a la arbitrariedad. De ellas depende que la promesa constitucional tenga vigencia en la vida cotidiana.

FORES cumple cincuenta años sosteniendo esa convicción. En 1976, en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia, un grupo de jóvenes abogados con vocación por la recuperación y el fortalecimiento de la Justicia decidió que había que poner manos a la obra. Su propósito respondía al ideario republicano de raíz alberdiana: asegurar la libertad, afianzar las instituciones y hacer posible el progreso mediante reglas estables y límites efectivos al poder.

Aquellos fundadores advirtieron que la debilidad judicial contribuía al desequilibrio institucional argentino. Una Justicia sometida a los vaivenes políticos difícilmente podía controlar a los otros poderes. Una Justicia ineficiente tampoco podía resolver oportunamente los conflictos de la comunidad. Ambas falencias terminaban erosionando su legitimidad y la confianza de los ciudadanos en la ley.

De ese diagnóstico surgió la idea que orienta a FORES desde su nacimiento: la Argentina necesita una reforma integral de su sistema judicial, sostenida en el tiempo y asumida como política de Estado. Modificar códigos, crear juzgados o redistribuir competencias podía contribuir a una solución, pero resultaba insuficiente sin un plan que atendiera la relación entre los distintos problemas. La experiencia lo demostraba: procedimientos modernos en el papel convivían con prácticas que perpetuaban las demoras.

El trabajo se organizó alrededor de tres dimensiones inseparables: la humana, la administrativo-funcional y la institucional. Personas íntegras y capacitadas; organizaciones capaces de prestar un servicio eficaz; e instituciones independientes, sujetas a la Constitución y responsables ante la sociedad. Ese enfoque conserva plena actualidad. Incorporar tecnología exige también revisar procesos, formar a quienes la utilizan y evaluar si mejora efectivamente la respuesta al ciudadano.

Desde el comienzo, FORES comprendió que el sistema judicial abarca también a los abogados. Quien asesora, previene un conflicto o lleva una pretensión ante los tribunales tiene una responsabilidad esencial en su funcionamiento. La calidad de la formación, la ética profesional y la capacitación continua inciden directamente en la calidad de la Justicia. Esa convicción sostiene nuestro Programa de Entrenamiento para Abogados y nuestro compromiso con la idoneidad de todos los actores del sistema.

También comprendimos que la reforma judicial requiere la participación de la comunidad. Sus problemas afectan a quien espera una indemnización, reclama alimentos, defiende su libertad, procura cobrar lo que se le debe o necesita protección frente a un abuso. Escuchar esas experiencias, convocar a otras disciplinas y abrir el debate público permite orientar las reformas hacia sus verdaderos destinatarios.

Nuestra misión es contribuir a una Justicia más independiente, transparente y eficiente mediante la investigación, la formación y la incidencia en las políticas públicas. Aspiramos a que cada persona pueda obtener una respuesta fundada, imparcial y oportuna, cualquiera sea su condición y cualquiera sea el poder de su contraparte.

Esa tarea exige valores que se traduzcan en conducta: independencia, rigor, integridad, construcción, compromiso, colaboración y excelencia. Independencia para sostener nuestras posiciones frente a cualquier gobierno o interés corporativo. Rigor para investigar y proponer con evidencia. Integridad para exigirnos la coherencia que reclamamos. Vocación de construcción para ofrecer soluciones. Compromiso para perseverar; colaboración para reunir esfuerzos; y excelencia para mejorar la formación y los resultados.

La investigación aplicada, la medición de la confianza ciudadana, la evaluación del servicio judicial y el reconocimiento de las buenas prácticas expresan ese propósito. Nos permiten identificar problemas, hacer visibles los avances y fundamentar las reformas. La independencia debe acompañarse de responsabilidad; la eficiencia, de respeto por las garantías; y la modernización, de resultados verificables para las personas.

Cumplir cincuenta años nos obliga a mirar hacia adelante con la misma determinación que tuvieron nuestros fundadores. La reforma integral sigue siendo una tarea pendiente que requiere liderazgo, continuidad y acuerdos capaces de trascender los cambios de gobierno.

El mejor homenaje a quienes fundaron FORES es perseverar en su propósito: que la Constitución se cumpla, que los derechos puedan ejercerse y que la Justicia haga posible el progreso de todos.

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