Uno de los problemas que más gravemente afectan a la Corte Suprema de Justicia de la Nación es su excesiva carga de trabajo. Este tribunal resuelve anualmente 14.903 causas1. Para ello cuenta con 1922 funcionarios de alta jerarquía que asisten al tribunal en sus decisiones y emplea una planta total de 2.341 funcionarios y empleados administrativos entre las áreas sustantivas, de administración central y las áreas de apoyo3. Resulta evidente que el excesivo número de causas importa irrazonables demoras en su resolución. La Corte Suprema de los Estados Unidos, en cuya jurisprudencia y funcionamiento se refleja nuestro máximo tribunal, decide sobre el fondo del asunto entre 70 y 90 casos por año (menos del 1% de las que decide nuestra Corte, en un país con casi 7 veces más habitantes que la Argentina). Esta inflación de causas torna prácticamente imposibles los cambios necesarios para mejorar el funcionamiento y recuperar la credibilidad y legitimidad de la Corte. Estos cambios se refieren, por ejemplo, a la publicidad de sus audiencias, al control de su jurisprudencia, o al seguimiento de sus líneas doctrinarias.

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