El ejercicio de la comunicación se ha constituido en un pilar para el fortalecimiento del sistema democrático. El ciudadano necesita entender y escuchar para poder formar juicios y tomar decisiones que afectarán su vida cotidiana. En su relación con el mundo de la Justicia, sin duda, son los medios de comunicación quienes contribuyen en mayor medida para formar su opinión, generar inquietudes y reclamos y aprobar o desaprobar leyes, instituciones y políticas.
En este sentido, resulta básico fortalecer la comunicación de la información judicial veraz y comprensible. Según una extensa investigación realizada en 2003 – 2004 por Fores a instancias del CEJA –Centro de Estudios de Justicia de las Américas, en la justicia argentina falta capacitación institucional para brindar información al ciudadano, existe un gran desorden de los datos judiciales y ausencia de infraestructura adecuada. Tampoco hay un marco normativo ni una política de acceso consensuado a la hora de discernir cuál es la información exacta que debe brindarse en todos los niveles de la justicia.
Otro punto fundamental a debatir es el rol que los jueces deben asumir frente a los medios y cómo éstos afectan el desarrollo de un proceso judicial. Hoy la crisis de legitimidad de las instituciones argentinas hace que la opinión pública otorgue autoridad a los medios para decidir cualquier tipo de conflicto, mientras los jueces se repliegan en el cliché de que sólo hablan por sus sentencias. Esta situación dista de ser la ideal, pues “en la pantalla todo el mundo adquiere visibilidad, menos lo que se encuentra detrás de las cámaras… En el proceso judicial la descripción de los hechos se ajusta a procedimientos probatorios estrictamente controlados que tienen que ser expuestos y sometidos a la crítica y a las objeciones de la defensa; en los medios, los discursos y las decisiones a las que obedece la construcción de la realidad permanecen siempre como lo no dicho, que escapa a toda discusión. La distinción entre imagen y realidad queda encubierta”.[1]
La relación entre los jueces y los medios permite una colaboración recíproca, ya que también la opinión pública a través de la prensa puede fortalecer la independencia judicial; por ejemplo, al movilizarse ante casos que involucren intereses poderosos capaces de paralizar o corromper a una justicia débil y sin apoyo ciudadano.
No escapa al problema la temática del lenguaje judicial –cerrado, técnico y complejo- en tensión con el lenguaje periodístico –impreciso, fragmentado y superficial-. Ambos afectan en gran medida a la comprensión del ciudadano cuando debe utilizar el servicio de justicia u opinar y juzgar casos de resonancia periodística. La información es un capital muy valioso para una sociedad democrática, y sólo es útil cuando es brindada en forma llana, legítima y constructiva.
Por todas estas razones resulta necesario introducir esta cuestión en la agenda pública judicial argentina.
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