ANTECEDENTES.
Los beneficios derivados de la seguridad jurídica en el marco de la gobernabilidad y el progreso económico, han sido reconocidos desde hace tiempo, por parte de organismos internacionales, instituciones públicas, entidades del sector privado y de la sociedad civil, en su conjunto. Las instituciones definen las “reglas de juego” y determinan el tipo de relaciones que rigen el comportamiento económico de los actores públicos y privados. Internacionalmente, existe un reconocimiento de la influencia de las instituciones del sector público en la determinación y sostenibilidad del proceso de desarrollo económico. Ello es así pues las instituciones públicas juegan un rol clave en la definición de los derechos de propiedad y en la regulación de los negocios, en promover la competencia, en definir cuestiones vinculadas con insolvencias y en la resolución de las disputas. En este ultimo aspecto y en términos generales, puede decirse que los mayores costos de transacción se dan en la etapa de cumplimiento forzado de los contratos, ante el poder judicial.1 Si bien existen foros de solución de disputas mas eficientes, innumerables situaciones hacen necesaria la intervención del poder judicial (ej. derecho penal, derecho administrativo/regulatorio, etc), resultando entonces de suma importancia la existencia de un poder judicial independiente, que sea capaz de ofrecer un servicio de calidad y eficiente. El reiterado reclamo de gobiernos extranjeros y del sector privado en general sobre la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica (SJ) en la Argentina, es un tema recurrente que se ha agudizado en el país en los últimos años. Las decisiones de inversión – mantener las existentes o efectuar nuevas -, se ven condicionadas por varios elementos entre los cuales aparecen de modo relevante la existencia de marco legal adecuado y de un poder judicial capaz de hacer cumplir las normas. A fin de contribuir positivamente al debate del fortalecimiento de la SJ en el país, FORES Y LA Fundación Pensar iniciaron en el año 2006, un Proyecto cuyo objetivo es el análisis y medición de la Seguridad Jurídica. El Seminario que se reseña en este informe es la segunda fase del citado proyecto y contó con el apoyo del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica/Montevideo de la Fundación Konrad Adenauer.
