La Justicia como política de Estado: ir a las causas

DECLARACIÓN DE FORES

Buenos Aires, 14 de febrero de 2019

La Justicia como política de Estado: ir a las causas

La denuncia de una persona detenida de que el ex juez federal Norberto Oyarbide le habría indicado la manera de falsificar un peritaje, la confesión de éste de haber sufrido presiones que jamás antes denunció y la admisión de otra detenida de haber pagado un soborno al juez Luis Rodríguez, del mismo fuero, deben ser vistos como síntomas, como indicadores, efectos inexorables de causas que no solo los argentinos no hemos atacado sino que preferimos ignorar.

La dirigencia argentina no ha tomado con suficiente seriedad la tarea de debatir la importancia que tiene un adecuado servicio de Justicia para que funcionen las instituciones democráticas y republicanas. Hacerlo implica definir el perfil de los jueces y abogados que necesita la República, así como ocuparse del modo en que pueda asegurarse que los procesos de selección y nombramiento de jueces sean serios y transparentes y eviten, en todo lo humanamente posible, las irregularidades. El juez Rodríguez resultó seleccionado en un concurso rodeado de escándalo porque “casualmente” había mandado pedir un fallo que luego sería materia de examen. Al hacerse públicos los nuevos episodios, la sociedad se escandaliza por las consecuencias de lo que, dado su origen, difícilmente podría haber resultado de otra manera.

FORES ha manifestado en diversos trabajos su posición crítica respecto de la introducción en la Constitución Nacional del Consejo de la Magistratura, una institución poco compatible con nuestro sistema, que los constituyentes de 1994, con la mejor intención, pensaron como una instancia de selección técnica anterior al nombramiento político de los jueces y despojada de los tironeos propios de la negociación partidaria. Lamentablemente, la experiencia de un cuarto de siglo demuestra que el Consejo se ha convertido en otra fase de mero trueque partidario. La manera en que se han legislado su integración y funcionamiento parece confirmar el objetivo solapado de que la política interfiera de manera permanente en la tarea del Poder Judicial, afectando su independencia y eficacia. Entre otras críticas, FORES ha considerado inconveniente que los consejeros designados por el Poder Legislativo sean, ellos mismos, legisladores en actividad.

Pero el Consejo es una institución de la Constitución y debe funcionar lo mejor posible. Para eso, es imprescindible que gobierno y oposición acuerden, con carácter de política de estado, integrarlo sólo con personas incuestionables y dar a sus procesos la máxima transparencia. También, que cada senador ejerza con el máximo rigor la tarea de examinar a cada candidato a juez y asuma públicamente la responsabilidad de votar su acuerdo. Pocas tareas tienen más relevancia que esa para la vida de sus votantes.

La política ha construido esta situación y es ella la que debe corregirla. La sociedad civil debe exigir más que nunca ese compromiso a sus dirigentes, especialmente en este año electoral. De lo contrario, si no nos ocupamos de las causas seguiremos padeciendo sus efectos. Sin Justicia transparente, eficiente e independiente no habrá combate efectivo a la corrupción pero tampoco lograremos vivir con seguridad, proteger los derechos de los más vulnerables ni el derecho de propiedad, prerrequisito indispensable para atraer las inversiones que el país necesita.

FORES sostiene que la mejora en la administración de Justicia debe ser un objetivo permanente para que exista efectivamente el Estado de Derecho en nuestro país. Por ello no debe quitarse el foco en la tarea de reformarla. El plan de gobierno de reforma integral denominado Justicia 2020 va en ese sentido. Debe persistirse en su implementación y profundización. Las medidas coyunturales que  se tomen para  atacar  los efectos, no las causas, basándose en circunstancias de emergencia o de urgencia distraen del objetivo central: que la adecuada provisión  de Justicia sea una política de estado en la República Argentina.

Diego C. Bunge                                 Marcelo Gobbi

Presidente                                          Secretario

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