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WASHINGTON D.D., 28 de Febrero 2024

AMENAZAS A LA INDEPENDENCIA JUDICIAL EN ARGENTINA: IMPUNIDAD DE LA CORRUPCIÓN Y DESARROLLO DE LA POBREZA

Mi nombre es Marcelo Octavio de Jesús, represento a FORES, una ONG argentina creada hace 48 años para el mejoramiento de la justicia, del estado de derecho y la transparencia. 

Corrupción y amenazas a la Independencia Judicial

Hay dos cuestiones vinculadas a la independencia judicial en Argentina.

Primero. La máxima amenaza a la independencia judicial son las interferencias de la política para lograr la impunidad de la corrupción. 

Segundo. Que esa corrupción está tan extendida que han llevado a una pobreza jamás vista en la Argentina. Pobreza y corrupción son dos caras de una moneda.

Corrupción, pobreza y la Justicia

Argentina aprobó la Carta Democrática de la OEA que establece la independencia judicial y división de poderes los cuales, según el art.7 son indispensables  para las libertades y los derechos humanos. 

La Corte Interamericana estableció en 2021 la relación entre “La corrupción y los derechos humanos.

FORES quiere profundizar esa relación:El producto de la corrupción en Argentina es la pobreza  y la corrupción busca la impunidad obstaculizando a la Justicia que la investiga. 

Veamos la gravedad de pobreza y corrupción.

Casi el 50% de la población es pobre. En un informe al FMI, FORES describió que aún un pequeño aumento de la corrupción, generaba menor desarrollo inclusivo.

Por otro lado, Argentina está 98 entre 180 paises en el ranking de corrupción descendiendo 36 lugares en cuatro años.

Corrupción y Amenazas a la Independencia Judicial

Veamos ahora la extensión de las amenazas a la Justicia.

El problema de la Argentina no son las leyes.

FORES mostró en un informe al MESICIC que Argentina tiene suficientes leyes y tratados anti corrupción.  

Tampoco el principal problema es la Justicia que ya condenó a un ex presidente, un ex vicepresidente, ministros y otros funcionarios, pero sólo 6% de las causas de corrupción llega a sentencia, el resto de los casos queda en etapa de investigación. 

El principal problema son las interferencias de la política partidaria que llevan a la impunidad. Veamos ejemplos:

1. El asesinato de un Fiscal Federal en 2015 que al día siguiente, iba a denunciar en el Congreso Nacional al presidente por obstruir una causa de lesa humanidad.
2. Reforma de leyes para beneficio político. La primera ley de Consejo de Magistratura que es el órgano que selecciona a los jueces, dispuso 9 cargos políticos sobre 20; en 2006 una reforma estableció 7 consejeros políticos sobre un total de 13; y en 2013 se decidió elegir consejeros por el voto de la política. 
3. La imagen de la Justicia es parte de la independencia; pero se la agrieta cuando un presidente declara que las investigaciones de corrupción de la contratación pública es materia no justiciable o cuando le “desea” a un Fiscal que no le pase lo mismo que al Fiscal asesinado. 
4. Promover el vaciamiento de la Justicia con leyes de jubilación ventajosas. Hoy la Justicia Federal tiene más de 25% de vacancias, y faltan nombrar un miembro en la Corte Suprema, el Procurador General y el Defensor del Pueblo.
5. Para llenar las vacantes, se nombraron jueces y fiscales provisorios sin estabilidad, sujetos a remoción si contradecían al gobierno.
6. La ideologización de la justicia con la narrativa del Lawfare acusando a jueces y fiscales de ser políticos que intentan voltear a un gobierno. El Lawfare concibe a la Justicia como un ejército en una guerra para la cual hay que nombrar jueces-soldado alineados con el gobierno.
7. Con esa teoría de la “guerra judicial” se incita a que las elecciones de consejeros para Consejo de la Magistratura en los Colegios de Magistrados y de Abogados se haga pensando más en lo que se percibe de los candidatos sobre su sintonía política que en lugar de propuestas para la Justicia.
8. En 2018 el gobierno de entonces, no podía  nombrar al Procurador General porque no tenía mayorías en el Congreso, por lo cual buscó cambiar la ley de nombramiento  pero el partido en la oposición no lo aceptó. En 2020 el siguiente gobierno, para nombrar al Procurado, intentó también modificar las mayorías de la ley a lo que se había opuesto en 2018.

Por qué tantos obstáculos de la Política a la Justicia

Ya describi la gravedad de la pobreza, de la corrupción y las obstrucciones a la Justicia. Veamos por qué el interés de la política en obstaculizar a la Justicia.

El costo de una campaña presidencial se estima en cien millones de dólares y la de un intendente entre quinientos mil y un millón de dólares. 

Por eso no extraña que en una reciente causa de corrupción se señalara que el monto de la corrupción, en una sola causa, era de mil millones de dólares y que ello se invirtiera en tierras con una superficie equivalente a… 20 ciudades de Buenos Aires. 

FORES quiere hoy visibilizar a la pobreza producto de la corrupción.

La Corrupción no sancionada es incentivo para profundizar las obstrucciones a la Justicia.  

Por eso FORES solicita a la CIDH cuatro cosas:

1. Hacer un monitoreo más riguroso de la Carta Democrática Interamericana sobre la división de poderes y la independencia de la Justicia; 
2. que se insista a los Poderes Judiciales para que se enfoquen en el decomise del producto de la corrupción; 
3. que se profundice en la relación obstrucciones a la independencia judicial- corrupción– pobreza.
4. Dar mayor participación a la Sociedad civil en estas cuestiones. Esta audiencia es muy positiva pero el tiempo que se nos ha asignado no tiene relación con la importancia del tema de independencia judicial. 

Muchas gracias

I. Introducción

La Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella y Fores – Foro de estudios sobre la Administración de Justicia, presentan el Índice de Confianza en la Justicia (ICJ) correspondiente a Noviembre de 2023.  

El ICJ mide semestralmente la evolución de la opinión pública respecto de la administración de Justicia en la Argentina y está compuesto por dos subíndices. El subíndice conductual, que permite conocer el comportamiento que los encuestados manifiestan que tendrían ante conflictos jurídicos en materia patrimonial, familiar y laboral. Y el subíndice perceptual, que mide la opinión de los encuestados respecto de atributos que se esperan de la Jjusticia, en términos de imparcialidad, eficiencia y honestidad. 

El ICJ, como medida de confianza, se obtiene promediando los dos subíndices (conductual y perceptual) y tiene, al igual que ellos, una amplitud que varía entre 0 y 100. 

Para Noviembre 2023, el ICJ dio un resultado de 47,5 puntos:, el subíndice conductual 70,1 puntos y el subíndice perceptual 24,8 puntos. 

La presente medición es una continuación del ICJ que se llevó a cabo entree 2004 a 2011 y permite nuevamente evaluar en perspectiva, la confianza ciudadana en la Justicia… Para ello comparamos el promedio del ICJ 2004-2011 (48,87 puntos) con el valor actual (47,5 puntos). 

El ICJ fue pensado como una herramienta para sondear en forma sistemática la confianza de la sociedad argentina en la Justicia. 

Debajo se explican los resultados de los subíndices analizados.

II. Evolución del subíndice conductual

El subíndice conductual refleja las respuestas de los encuestados frente a situaciones  hipotéticas que requerirían la intervención de la  justicia. Dichas situaciones son las siguientes: recibir un cheque sin fondos, un despido laboral y un divorcio. 

El 70,1% de los encuestados respondió que llevaría su caso a la justicia o consultaría a un abogado. El promedio histórico 2004-2011 había sido 68,48.

A continuación, el desagregado sobre las respuestas para la medición Noviembre 2023.

Un aspecto relevante que ilumina la medición del subíndice conductual, es su análisis  según el nivel educativo de los encuestados:  la confianza en la Justicia crece a medida que aumenta su nivel educativo. 

En otras palabras, la percepción de la Justicia como el ámbito al que recurrir ante conflictos jurídicos, crece entre los sectores de mayor nivel educativo y decrece en los de menor nivel. El siguiente gráfico, permite observar dicho fenómeno.

III. Evolución del subíndice perceptual

Por su parte, ante la consulta realizada a las personas encuestadas sobre los atributos de imparcialidad, honestidad y eficiencia de la Justicia, las respuestas fueron bastante más negativas, arrojando un resultado final de 24,8 puntos. El promedio histórico 2004-2011 había sido de 29,25 puntos.

Lo que las personas están dispuestas a hacer en situaciones concretas en las que tendrían la opción de requerir la intervención judicial (subíndice conductual), se encuentra muy alejado de la imagen que ellas mismas manifiestan tener de la Justicia como institución (subíndice perceptual).

A continuación, el desagregado sobre las respuestas para la medición Noviembre 2023.

En este punto encontramos que el 88% de las personas entrevistadas considera que la Justicia es poco o nada confiable respecto del principio de igualdad ante la ley..

Por su parte, en términos de honestidad y honradez de los integrantes del Poder Judicial, el gráfico siguiente muestra que el 90% de los consultados considera que la Justicia es poco o nada confiable, frente al 8% que considera que sí lo es.

IV. Evolución de la percepción en la eficiencia

Separadamente, consideramos relevante destacar la opinión de los ciudadanos sobre la eficiencia y la capacidad de gestión de la Justicia. Ello, debido a que, en gran medida, esta pregunta permite conocer la percepción ciudadana respecto del acceso a la justicia y  la prestación efectiva del servicio de justicia a nivel país.

Al segmentar el análisis de los datos, se observa que el 91% de las personas entrevistadas percibe a la Justicia “nada” o “poco confiable” en términos de capacidad y eficiencia. Sin embargo, si discriminamos las respuestas por nivel de educación se observa que la respuesta “nada confiable” es más baja mientras mayor es el nivel de educación de las personas entrevistadas.

Asimismo, al observar las zonas geográficas que habitan quienes fueron entrevistados, dentro de un conjunto de resultados bajos, el gran Buenos Aires muestra los niveles de confianza más altos en lo que respecta a la capacidad y la eficiencia de la Justicia (“bastante confiable” 11% y “muy confiable” 5%).

V. Confianza y Participación en un proceso judicial 

Finalizadas las preguntas concretas que componen el ICJ, se indagó si la persona entrevistada efectivamente había participado en algún procedimiento judicial en los últimos tres años. En esta oportunidad, el porcentaje de participación en la muestra resultó bajo (12%). Sin embargo, los valores totales que componen el ICJ han sido bastante similares, pudiéndose advertir una consideración un poco más negativa de quienes sí participaron en un procedimiento judicial en lo que hace al subíndice perceptual.

VI. Metodología

Cada una de las dos dimensiones contiene tres preguntas:

Dimensión conductual: 1. Patrimonial: Una persona le da un cheque sin fondos por un trabajo que Ud. hizo y no le paga pese a su reclamo. ¿Ud. recurriría a un abogado para que el caso llegue a la Justicia?: No; Poco probablemente; Probablemente; Seguramente. 2. Familia: Ud. se está separando de su marido/esposa y él/ella no le quiere dar la parte que le corresponde. ¿Ud. recurriría a un abogado para que el caso llegue a la Justicia?: No; Poco probablemente; Probablemente; Seguramente. 3. Laboral: Su empleador lo despide y le ofrece una indemnización menor que la que corresponde. ¿Ud. recurriría a un abogado para que el caso llegue a la Justicia?: No; Poco probablemente; Probablemente; Seguramente.

Dimensión perceptual: 4. Imparcialidad: En cuanto a tratar a todos por igual (sin importar sus medios económicos, contactos o afiliación política), para Ud. la Justicia argentina es: Nada confiable; Poco confiable; Confiable o Muy confiable. 5. Eficiencia: En términos de capacidad y eficiencia, para Ud. la Justicia argentina es: Nada confiable; Poco confiable; Confiable o Muy confiable. 6. Honestidad: En cuanto a honestidad y honradez, para Ud. la justicia argentina es: Nada confiable; Poco confiable; Confiable o Muy confiable.

El valor del Índice de Confianza en la Justicia se obtiene del siguiente modo: 

Las categorías de respuesta de cada pregunta reciben un valor entre 0 y 3 puntos, correspondiendo 0 a la categoría “no confiable”, 1 a la categoría “poco confiable”, 2 a la categoría “confiable” y 3 a la categoría “muy confiable”. Cada pregunta tiene, pues, un valor mínimo de 0 y un valor máximo de 3 puntos que surge de la sumatoria de la multiplicación de la proporción de entrevistados que se inclinó por cada categoría de respuesta, por el valor que le corresponde a esa categoría. 

Luego, para obtener el subíndice conductual se suman los valores de las 3 preguntas conductuales; y para obtener el subíndice perceptual se suman los valores de las 3 preguntas perceptuales. 

De este modo, se obtiene un subíndice conductual y otro perceptual en una escala de 0 a 9 puntos. Esta escala es luego normalizada a una escala de 0 a 100, donde 0 representa el menor valor y 100 representa el mayor valor.  

Promediando los subíndices conductual y perceptual se obtiene el valor del ICJ. 

El tamaño muestral fue de 1114 casos en forma telefónica: 737 teléfonos fijos y 377 celulares. 

Se tomaron 3 regiones: C.A.B.A., Gran Buenos Aires e Interior.

RESPONSABLES:

MARCELO OCTAVIO DE JESÚS + 54 9 11 4174 1680 

MARIANO G. VALENTINI + 54 9 11 6134 8127

CREADORES DEL INDICE 2004: UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA: Horacio Spector y Catalina Smulowitz: FORES: Hector Chayer, Liliana Raminger y Marcelo Octavio de Jesus. FUNDACION LIBERTAD: Gustavo Zacchino.  POLIARQUIA: Alejandro Catterberg.