Combate a la corrupción y funcionamiento de la Justicia

Buenos Aires, 21 de agosto de 2018

Ante las revelaciones que conmocionan a la opinión pública, producto de la instrucción que está llevando adelante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 11 en la causa “Fernández, Cristina Elisabet s/ asociación ilícita”, FORES declara:

1. La tarea de jueces y fiscales debe estar sujeta a un riguroso escrutinio público como requisito de transparencia y garantía de independencia. Frente a la gravedad de los hechos denunciados, la ciudadanía tiene derecho a una rápida investigación que permita determinar la responsabilidad de funcionarios y empresarios, con respeto al estado de derecho y a los valores republicanos.
2. Si bien la reciente auditoría del Fuero Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal llevada adelante por el Consejo de la Magistratura de la Nación a solicitud de la sociedad civil (proceso en el cual participó FORES) indicó que el juzgado a cargo del Dr. Claudio Bonadío presenta el mayor número de causas abiertas sin resolución, hasta el momento corresponde destacar la intensa labor del juzgado y de la fiscalía.
3. El progreso de esta causa ha demostrado la utilidad para la investigación de la llamada Ley del Arrepentido, recientemente sancionada.
4. El Senado interpreta inconstitucionalmente las inmunidades parlamentarias, protege corporativamente a legisladores imputados de graves delitos de corrupción y entorpece la acción judicial.
5. Todavía hay mucho por investigar y sancionar para que la corrupción institucionalizada no quede impune ni se repita en la República Argentina. El monitoreo de los medios y el acceso de los ciudadanos a la información a través de los sistemas denominados de justicia abierta resultan centrales para esos objetivos.
6. La sociedad sabe que los hechos investigados en esta causa son de larga data y que los funcionarios judiciales tampoco son nuevos. Por eso reclama una reforma integral de la Justicia que propenda tanto a su fortalecimiento institucional como al rigor del proceso de nombramiento de jueces y a la eficiencia operativa del sistema. Más allá de que el plan Justicia 2020 es un valioso punto de partida para esta tarea, y de que la Corte Suprema anunció hace medio año que lanzaría su propio plan de “transformación” del Poder Judicial, la voluntad de encararla no se ha instalado en la agenda de todos los partidos y de los propios protagonistas del quehacer judicial como una política de estado. Esta causa, por su trascendencia, es sólo un síntoma de esa necesidad y nos llama a reforzar la tarea.

Diego C. Bunge                                 Marcelo Gobbi

Presidente                                          Secretario

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