15 de dicembre de 2020.
Las recientes declaraciones de la Vicepresidente de la Nación atribuyendo al Poder Judicial, encabezado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, haber dirigido “una articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores… desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación” situación que, aún continuaría, en razón de que el Poder Judicial hoy protege y garantiza “la impunidad a los funcionarios macristas que durante su gobierno no dejaron delito por cometer, saqueando y endeudando al país y persiguiendo, espiando y encarcelando a opositores políticos a su gobierno,” resultan a todas luces impropias y desconocen la estructura de distribución del poder que nuestros constituyentes establecieron hace más de ciento cincuenta años. Más aún, es inadmisible que haya referido a un Poder Judicial que “consintió alegremente el mayor endeudamiento del que se tenga memoria a escala planetaria con el FMI”, y cuyas intención sería hacer fracasar al actual gobierno.
El Poder Judicial no es un apéndice de los restantes poderes del Estado, ni está sujeto a ellos. Es uno entre tres, en igualdad de jerarquía con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo.
La alusión efectuada por la vicepresidenta a que el Poder Judicial “es ejercido por un puñado de funcionarios vitalicios que toleraron o protegieron la violación permanente de la Constitución y las leyes, y que tienen, además, en sus manos el ejercicio de la arbitrariedad a gusto y piacere, sin dar explicaciones a nadie ni estar sometidos control alguno”, denota una evidente animadversión a nuestra Constitución Nacional. Y como tal debe ser repudiada por toda la ciudadania comprometida con su defensa.
Es claro que, el Poder Judicial es perpetuo, tan perpetuo como lo es el Estado Argentino. Tan perpetuo como los restantes dos poderes que nacieron con la Constitución y que por decisión unánime de la sociedad argentina, desde 1983 serán perpetuos.
La duración de los jueces en sus cargos mientras dure su buena conducta, y el procedimiento complejo para su remoción actúa como garantía de independencia para no quedar sujetos a los vaivenes de los restantes poderes del estado.
El Poder Judicial no tiene la última palabra sobre las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Nada mas es un engranaje más de un probadísimo “sistema de frenos y contrapesos”, que desde el nacimiento mismo del constitucionalismo moderno ha sido acreditado como el más eficiente de los sistemas de gobierno. El Poder Judicial solo está llamado a resolver las causas que llegan a sus estrados y a fallar conforme a derecho.
Los integrantes del Poder Judicial, aunque no sean electos directamente por la ciudadania (al igual que antes de 1994 tampoco lo eran la formula presidencial ni los senadores nacionales), son electos de modo indirecto por aquella. No puede escapar al conocimiento de quien ha sido Diputada y Senadora nacional, y dos veces Presidente de la Nación, que los jueces de la Nación son elegidos mediante un sistema complejo que aúna la voluntad del Presidente de la República y del Senado de la Nación.
FORES quiere hacer notar a la sociedad que, a partir de estas declaraciones de quien ejerce la presidencia de uno de los tres poderes del Estado Nacional, y que han sido compartidas en términos generales por el Presidente de la Nación se ha encendido una nueva, y muy grave, alarma institucional. Las declaraciones formuladas son una indebida presión sobre los funcionarios judiciales, que violenta no solo nuestra Constitución sino también los principios internacionales en materia de derechos humanos que obligan a nuestro país.
FORES llama a la reflexión a quienes poseen el mandato constitucional de representación popular, en pos de que el compromiso con el dialogo institucional sea un hecho más que un dicho.
Alfredo M. Vítolo – Presidente
Marcelo Gobbi – Secretario
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