Publicado el 5 de octubre de 2000 en El Derecho, No 10.104, Año XXXVIII, Buenos Aires y Revista Electronica de Derecho Informatico (R.E.D.I.) No 29, diciembre de 2000. Autor: Héctor M. Chayer
La sociedad se ha visto profundamente transformada con la aparición de las nuevas tecnologías de la información. Las omnipresentes computadoras interconectadas en la red mundial llamada Internet son el signo más evidente del impacto que tienen hoy. Para las telecomunicaciones, el tráfico comercial y el entretenimiento, por mencionar sólo tres áreas, estas tecnologías son prácticamente indispensables. En ellas, al igual que en muchas otras, es imposible alcanzar resultados económicos aceptables y beneficiosos, tanto para los particulares como para la sociedad en general, sin su utilización. Esto es perfectamente aplicable al sistema judicial, que para cumplir con su función de administrar justicia básicamente debe tratar información, en cantidades crecientes. Sin embargo, mientras se mantenga la rémora del soporte papel y la firma manuscrita como requisitos para la validez de los expedientes judiciales, resulta inexacto hablar de una “informatización” del poder judicial. Pues aunque se utilicen procesadores de textos, si finalmente las providencias o las peticiones de las partes deben imprimirse en papel y firmarse, para luego coserse al expediente, y ser eventualmente copiadas a mano, para retipearse en escritos que las citen, las potencialidades de las tecnologías de la información se reducen a una mínima expresión. Reemplazar máquinas de escribir por computadoras adquiere ribetes dramáticos si se piensa en los gastos siderales que ello acarrea, con mínimas ganancias en eficiencia y productividad en un sistema que las necesita con urgencia. Si bien no se cuenta con ellos, a priori estamos convencidos que los resultados de un análisis costo/beneficio, o costo/impacto confirmaría esta hipótesis en los procesos de informatización encarados por la justicia nacional y muchas de las justicias provinciales. A los fines de analizar la relación entre el sistema judicial y las tecnologías de la información, dividiremos la cuestión en tres partes: la recepción legislativa de las nuevas tecnologías, la digitalización de la gestión judicial y el cambio cultural que está indisolublemente ligado a este proceso….
