Lucha contra la corrupción

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, encabezó hoy la conferencia “La lucha contra la corrupción: avances y retrocesos en Sudamérica y en la Argentina”, en la que  expusieron Isabel Groba Viera, procuradora del equipo fiscal de la causa Lava-Jato (Brasil) y José Ugaz, presidente de Transparency International y ex procurador de la causa Montesinos-Fujimori (Perú).

Ugaz y Groba Viera se explayaron en sus experiencias en la persecución de este tipo de delitos. En ese marco Garavano afirmó que “La lucha contra la corrupción se ha transformado en política de Estado en la Argentina” y remarcó la importancia de contar con una ley de responsabilidad penal empresaria.

Asimismo, el Ministro resaltó que “el nuestro, es uno de los pocos países del mundo en el que las personas jurídicas no tienen responsabilidades penales. El objeto de la mayoría de los casos de corrupción es obtener dinero,  este es el mejor mecanismo de prevención,  las empresas tienen que tener un costo”, y destacó la media sanción que obtuvo hoy el proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo para que las empresas sean penalmente responsables y colaboren para identificar a los funcionarios involucrados en los casos de corrupción.

“Es un avance para que la Argentina cumpla con los compromisos internacionales asumidos. Estamos adecuando la legislación para dejar de ser el único país de la Convención OCDE en el que sus empresas no puedan ser sancionadas por corrupción” completó Garavano.

Isabel Groba Viera señaló “en nuestro caso fue decisiva la independencia del Ministerio Público Federal, y la delación premiada que posibilitó el avance de la investigación; Odebrecht tenía un departamento especialmente destinado al pago de sobornos que durante diez años repartió sobornos a funcionarios y empresarios”. Y resaltó que “la colaboración de Suiza fue intensa: repatrió 788 millones de dólares, bloqueó 1000 cuentas e la investigó otras 1000″.

Por su parte, el presidente de Transparency International, Ugaz dijo “la corrupción es un impuesto que pagan los más pobres, la corrupción viaja a través del crimen organizado, utiliza las estructuras del Estado y tiene impunidad”. Y enfatizó “estoy totalmente de acuerdo con el colaborador eficaz y la ley del arrepentido. Se nos criticó diciéndonos ¿cómo van negociar con delincuentes? Es inmoral. Mi respuesta siempre es la misma: “inmoral es no investigar”.

El titular de la cartera de Justicia finalizó diciendo que “lamentablemente los precedentes en nuestro país no son buenos, la Justicia tiene una deuda en materia de corrupción, es necesario que las causas lleguen a juicio oral y público para que se compruebe si los delitos existieron y de dónde provenían los fondos. Y destacó que a la duración de los procesos, tenemos que agregarle que menos del 1% de los delitos simples tienen condena”.

Participaron de la actividad Ricardo Saenz, vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación, y Pablo Clusellas,  secretario Legal y Técnico de la Nación.

Acompañaron al Ministro Garavano en la apertura del acto que tuvo lugar en el Salón Santa Cecilia de la Universidad Católica Argentina (UCA), Daniel Herrera, decano de la Facultad de Derecho de la UCA, y el moderador de la charla el periodista Jorge Fontevecchia.

En la mañana, Ugaz y Groba Viera mantuvieron un encuentro con Garavano y el secretario de Justicia Santiago Otamendi, donde debatieron acerca de estrategias de cooperación en materia de anticorrupción, en el marco del Ciclo de Charlas de Política Criminal impulsado por la Subsecretaría de Política Criminal.

Ugaz, señaló que nuestro país se encuentra en la posición 95 del índice de percepción de la corrupción 2016, mientras que Groba Vieira expresó que contar con una “ley de responsabilidad penal empresaria es un pilar indispensable para la lucha contra la corrupción”.

Asimismo señaló que en Brasil, la ley del colaborador eficaz fue crucial para el avance de la investigación del caso Lava Jato y permitió desentrañar las complicidades existentes entre funcionarios del sector público y del sector privado.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de julio de 2017