Declaración de Fores del 17 de mayo de 2020
La reciente decisión del titular de la Oficina Anticorrupción de desistir del rol de querellante en tres causas penales por graves acusaciones por delitos de corrupción que involucran, entre otros a actuales funcionarios públicos, se presenta ante la ciudadanía, cuanto menos, como inoportuna, tanto por el interés público que los casos han despertado, como así también por su impacto institucional.
Tal decisión transmite a la sociedad la sensación de que se busca asegurar un ámbito de impunidad, y pone en evidencia la debilidad institucional de los organismos públicos de contralor. Sin organismos independientes de fiscalización sobre la actuación de los funcionarios públicos, el sistema republicano ve amenazados dos de sus pilares centrales: el debido control de los actos de gobierno y la responsabilidad de los gobernantes.
Es en este contexto donde debe realizarse la debida valoración sobre la decisión adoptada por la OA, la cual no ayuda de modo alguno a lograr una mayor integración social, ni a mostrar el compromiso institucional del Estado en la investigación y sanción de casos de corrupción.
La sociedad civil aspira legítimamente a que la Oficina Anticorrupción adopte un papel proactivo e independiente en los casos de delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio actual del cargo. No es renunciando al ejercicio de sus funciones con meras excusas procesales técnicas como se logra la confianza de la sociedad en las instituciones. Por el contrario, la Oficina Anticorrupción debería concentrar sus esfuerzos en ser un factor clave en detectar casos de corrupción de funcionarios en ejercicio efectivo del cargo y denunciarlos ante la Justicia. Eso demostraría su verdadera independencia y transparencia.
Alfredo M Vítolo – Presidente
Marcelo Gobbi – Secretario
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