Declaración de Fores y Será Justicia. 13 de noviembre de 2020
Esta semana se produjeron nuevos avances en el Senado de la Nación contra la Procuración General de la Nación que conforme lo dispone el art. 120 de la Constitución Nacional es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República.
Hace meses que desde la “Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público” y desde la “Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado”, presididas ambas por el oficialismo, se llevan adelante distintas acciones para forzar la renuncia del Procurador General de la Nación interino, Dr. Eduardo Casal.
En el día de ayer ingresó al Senado un nuevo proyecto de ley que propone reformar las leyes orgánicas del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa con el objetivo de lograr procesos de designación y remoción del Procurador General y del Defensor General de la Nación más laxos.
Se propone eliminar la exigencia de una mayoría especial, de 2/3 en el Senado de la Nación, para los procesos de nombramiento y destitución de las máximas autoridades del Ministerio Publico. De ser aprobado el proyecto, el oficialismo de turno podrá designar y remover libremente y por simples razones políticas a las cabezas del Ministerio Público sin la necesidad de generar acuerdos ni consenso, esenciales para asegurar su independencia, y su idoneidad técnica y moral objetivo claro fijado por el constituyente de 1994.
En esa línea, el proyecto también elimina la exigencia de que la decisión de remoción de estos funcionarios se realice a través del juicio político, afectando así seriamente la estabilidad, autonomía funcional e independencia que la Constitución Nacional asegura a las máximas autoridades del Ministerio Público. El proyecto inclusive incorpora la posibilidad de suspensión de oficio de los funcionarios en el ejercicio de sus cargos.
Más dañino aún a la independencia prevista por la Constitución al Ministerio Público es la pretensión del proyecto de ampliar la integración del Tribunal de Enjuiciamiento encargado de remover a los fiscales, incorporando a éste a 3 integrantes de la Comisión Bicameral del Congreso. De este modo, el proyecto procura asegurar la mayoría política oficialista en el tribunal sobre los restantes estamentos, lo que se ve agravado por el requisito de que este siempre sea presidido por un representante del Congreso.
De este modo se pone en riesgo la garantía de estabilidad en el cargo de los fiscales, garantía imprescindible para que los fiscales puedan investigar de manera independiente y objetiva, lo que reviste particular importancia en casos de narcotráfico, trata de personas y corrupción.
El proyecto resulta inconstitucional toda vez que afecta de manera directa la independencia y autonomía del Ministerio Público, y representa un grave peligro para la división de poderes propia de nuestra forma republicana de gobierno.
La postura que hoy sostenemos, es consistente con la expuesta en 2017 por otras organizaciones no gubernamentales que reflejan un amplio espectro ideologico y en su momento sostuvieron que: “El requisito de una mayoría agravada para la designación tiene como fin elegir a una persona que cuente con un amplio consenso, y que cumpla adecuadamente con los requisitos de idoneidad técnica y moral e independencia”.
Por todo lo expuesto, las organizaciones debajo firmantes advertimos con preocupación este debilitamiento inconstitucional de la autonomía del Ministerio Público y solicitamos al Congreso que tome las medidas adecuadas para contribuir a la construcción de un sistema de justicia independiente, sólida, transparente y ágil.
