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Orientaciones para la introducción de tecnologías de la información en el poder judicial

Ponencia presentada en el VII Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática, Abril del 2000, Lima, Peru. Hector Mario Chayer Abril de 2000.

En diciembre de 1998, el gobierno argentino lanzó un ambicioso Plan Nacional de Reforma Judicial1 . El Plan contiene gran cantidad de material estadístico y datos empíricos referidos a la situación de la justicia. Reconoce múltiples antecedentes (Justicia y Desarrollo Económico, del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y FORES, estudios de fuentes constitucionales, estudios previos como los del Banco Mundial y el BID como así también trabajos de FIEL y el IERAL, etc…). Aunque el origen directo del trabajo es el «Programa Modelo de Reforma para las Administraciones de Justicia Provinciales» (BID 925′ OC-AR/ 1.EG.10) realizado entre los meses de agosto y octubre de 1998 por un equipo interdisciplinario de investigadores y consultores de Fores – Foro de estudios sobre la administración de justicia.

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Capacitación tecnológica para la gestión judicial

Por Héctor Mario Chayer

Publicado en la Revista Electrónica de Derecho Informático (R.E.D.I.) No 18, Enero de 2.000

Los poderes judiciales de todo el mundo, y de Argentina en particular, están viviendo un acelerado proceso de introducción de tecnologías de la información. Hoy ya resultan habituales los procesadores de textos e impresoras, a la vez que se difunden cada vez más sistemas de distribución aleatoria y compensada de expedientes, pequeñas redes locales, sistemas integrales de gestión, e incluso en algunos casos, sistemas de consulta remoto de expedientes, como las Mesas de Entradas Virtuales de la Provincia de Buenos Aires.

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La problemática de la oficina judicial en la Argentina

Por Germán C. Garavano, Héctor M. Chayer, Carlos A. Cambellotti y Milena Ricci

Publicado en El Derecho, 3 de septiembre de 1999, Año XXXVII, Nº 9828.

La crisis crónica que viene padeciendo la justicia argentina mantiene vigente el tema de la reforma judicial, introducido ahora en la agenda pública desde una perspectiva auspiciosa. Años de reformas parciales han mostrado su fracaso, desarticulando la ya obsoleta distribución del trabajo judicial1 . Se está imponiendo, con fuerza, la idea de que sólo una reforma integral del sistema podrá solucionar los males endémicos que la aquejan. Existe además un cierto consenso en los objetivos de la reforma judicial: básicamente, se busca una mayor eficiencia del sistema, seguido por la búsqueda de celeridad y descongestión. 2 En este marco por primera vez se cuenta con un Plan Nacional de Reforma Judicial3 producido desde el Ministerio de Justicia de la Nación que pretende marcar el camino para la solución de los diversos problemas que afectan a la justicia de un modo integral y postula como sus objetivos lograr una mayor inmediatez, eficiencia, calidad, y acceso a la justicia.

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El impacto de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC’s) en el campo del Derecho.

Por Héctor Mario Chayer y Carlos Alejandro Cambellotti

Publicado en Revista del Colegio de Abogados de Quilmes, Mayo de 1999.

“Las nuevas tecnologías de la información son particularmente relevantes para el Derecho, en tanto que está orientado alrededor de la información y la comunicación. Cualquier definición que se dé al Derecho, ya se lo considere una profesión, o un método de resolución de disputas, o el proceso de impartir justicia, una fachada para proteger el status quo, o un medio para asegurar los derechos y regular el comportamiento de las personas, siempre es concerniente a la información”

Definiciones y Evolución

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC’s) son definidas como el conjunto de recursos y métodos que, convenientemente asociados, permiten el adecuado registro, tratamiento, transformación, almacenamiento, utilización, presentación y circulación de la información. Hablamos, pues, de recursos tecnológicos y métodos de tratamiento de la información de relativamente reciente desarrollo técnico (vgr. transmisión de datos –informática-, de voz – T.E.- , y de video, -T.V.-, fibra óptica, etc.), pero que rápidamente pasan a ser elementos de contacto diario (a menudo inadvertidos) para cualquier ciudadano. A más del acentuado desarrollo de cada uno de estos recursos en el pasado reciente, es de notar como asisistimos, a fines del siglo XX, a una fenomenal convergencia. En efecto, han desaparecido las vallas técnicas que separaban los distintos métodos y hoy se asiste a la fusión de los mismos. Se trata de sectores económicamente muy dinámicos, que a menudo desorientan al desprevenido con productos que integran dos o más de estas tecnologías (vgr. acceso a Internet a traves de un operador de televisión por cable). En el campo de la actividad jurídica, ha habido un avance cuantitativamente importante en la incorporación de estas tecnologías, pero el mismo no ha sido acompañado por uno similar en grado cualitativo. De hecho este avance en general se ha circunscripto a la “informatización” (incorporación de computadores) en numerosos estudios jurídicos y algunos Juzgados, sin integrar otras tecnologías accesorias aumentando el rendimiento y, lo que es más grave, sin hacer adecuado uso de los elementos incorporados.

El doble impacto

A diferencia de otras tecnologías, que también interesan al Derecho, como la aeronáutica o la fecundación asistida, por poner sólo un par de ejemplos, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC’s) lo afectan de un modo doble. No sólo surge un derecho informático, con nuevas reglas y sus delitos correlativos. La actividad del sistema judicial es esencialmente la gestión de la información; y gran parte del proceso judicial es información. Un proceso judicial es un conjunto de acciones que entrañan obtener información, evaluarla, comunicarla y archivarla. Este hecho determina un desafío de transformación para el Derecho mucho mayor que cualquier otro cambio tecnológico; transformación que si bien ya se insinua con claridad, tal vez sea difícil de percibir en todas sus consecuencias. Siendo la Justicia y los abogados sectores habitualmente conservadores y refractarios a los cambios, no es extraño que en estos ámbitos se conciba a la computadora como la sucesora de la máquina de escribir. Así sucedió con otros avances revolucionarios en otros contextos históricos: “… los primeros autos fueron llamados “carros sin caballos” y se veían como si hubieran sido diseñados para ser tirados por uno. Tomó muchos años darse cuenta que la forma adecuada de un auto es bien diferente…” 1 . Una situación análoga es el acarreo cotidiano de expedientes desde la mesa de entradas hasta las oficinas internas de un tribunal, a veces situado varios pisos más arriba, en juzgados ¡con sus dependencias totalmente interconectadas con redes informáticas! Se necesitarán cambios legislativos, con seguridad, que recepten nuevos procedimientos; pero previamente se necesita un cambio cultural que permita percibir las diferencias cualitativas de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC’s) e imaginar este nuevo ambiente digital.

El papel de los actores del Sistema de Justicia

Frecuentes son las quejas respecto de la dificultades de aprendizaje de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC’s) y aún de la misma necesidad o conveniencia de que los actores del Sistema de Justicia (abogados, empleados judiciales, Jueces, etc.) incursionen en estos campos. Se evidencia subyacente una tendencia a mantener los sistemas actuales, evitando el esfuerzo de un cambio e incluso intentando direccionar el cambio hacia un mejoramiento de lo existente en lugar de incorporar elementos novedosos y por ende desconocidos. Evidentemente aprender el manejo de estas tecnologías implica una inversión de tiempo y atención (además de la económica) que no muchos están alegremente dispuestos a realizar y un impacto transformador de consecuencias imprevisibles. Se presenta entonces esta disyuntiva: conservar (mejorar incluso) lo existente o bien trabajar para cambiarlo radicalmente con la incorporación de estos nuevos intrumentos de trabajo que la ciencia nos presenta. Es nuestra convicción que la segunda es la opción que los abogados y demás protagonistas del diario impartir de justicia deberán abrazar por numerosas razones, de las cuales una nos ha llamado poderosamente la atención. 1 James Martin, “Hyperdocuments and how to create them”, New Jersey, Prentice Hall 1990, cit. por M. Ethan Katsh, “Law in a digital world”, pág. 24. No es esta la primera vez en la historia que los que hacemos del derecho nuestra vocación debemos aggiornarnos a nuevos sistemas de tratamiento de la información, sino que esta situación se ha repetido en otra coyuntura cultural decisiva para el derecho, como fue la Edad Media. Así, los que orgullosamente nos hacemos llamar letrados debemos recordar que este apelativo deviene del hecho de que lo que hoy llamaríamos abogados fueron uno de los primeros grupos sociales en adoptar la lectoescritura, al principio como medio y luego como prerequisito para el ejercicio de la profesión. No era necesario para un pretor romano saber leer y escribir (tarea que, a fuer de manual, los romanos consideraban degradante). Los procesos eran entonces orales (realmente orales), pero con el paso de la Edad Media la sociedad reconoció la imposibilidad de una administración de Justicia razonablemente eficiente si no se incorporaba el entorno impreso como elemento obligatorio. Así creemos que, a la vista de esta circunstancia histórica, es nuestra obligación anticipar los cambios tecnológicos, preparándonos como profesionales para el momento en que la sociedad reconocerá (demandará) de la administración de Justicia el procesamiento digital de la información como elemento central para una gestión eficiente y en tiempo real de los conflictos de la dinámica vida contemporánea.

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Diagnóstico sobre la gestión judicial

DEBATE. Los reclamos de la sociedad es el punto central

Diagnóstico sobre la gestión judicial 

En Paraná se está llevando a cabo una jornada sobre el servicio de justicia en la provincia. La misma consiste en cruzar datos entre conferencistas foráneos y magistrados locales en diferentes paneles.

Lunes 4 de Junio de 2012 Hs.

Por estos días se llevó a cabo en Paraná una jornada de capacitación y debate en el marco de la Jornada Nacional en Gestión Judicial Local y Comparada hacia un Servicio de Justicia más Eficiente para la Sociedad. Experiencias en Gestión Judicial”.

La misma fue organizada por el Foro de Estudios sobre Administración de Justicia (Fores), entidad que tiene representantes en todas las provincias.
“Desde hace 10 años elaboramos un programa de las mejores prácticas de gestión judicial”, contó a EL DIARIO el presidente del Comité Ejecutivo de la entidad, Marcelo de Jesús. El tema, a grandes rasgos, que se pone en cuestión – según el representante – es “qué demandas tienen los jueces por parte de la sociedad civil”. “Creemos que hay que escuchar al usuario o consumidor que es el ciudadano qué piensa del servicio de justicia”, apuntó y agregó: “Los trabajos al que nos avocamos es mejorar la transparencia del sistema judicial, la rapidez de las decisiones judiciales, y a facilitar la inmediación, es decir a que el juez esté encima de la causa”.
El Fores cuenta con una larga trayectoria en la capacitación de abogados y funcionarios públicos. Desde 1980 – según lo indica su sitio web – la entidad se destaca “el entrenamiento” de abogados noveles a través del Programa de Entrenamiento para Abogados, que consiste en brindar a los profesionales recién recibidos, las armas necesarias para ejercer la profesión. A lo largo de todos estos años se fueron integrando a esta iniciativa cursos de actualización en las distintas ramas del derecho, colaborando de esta forma con la mejora de la justicia a través de la capacitación de sus actores.

DEMANDAS. Entre otros puntos que marcó De Jesús es el de los reclamos de la sociedad. Allí aparecen “la demanda de imparcialidad y la honestidad de los jueces”. “Sobre una encuesta nacional de 1.100 casos, el 82 por ciento de los encuestados cree que los jueces no son ni imparciales, ni honestos, ni eficientes”, narró. Y añadió: “Son números muy duros, sin embargo los índices han ido mejorando, porque estaban en un 90 por ciento. Los números no son buenos, pero la tendencia si. La imagen del Poder Judicial está en el 50 por ciento de credibilidad”.
Para el presidente del Comité Ejecutivo, “el problema de Argentina no es de calidad humana sino de la deficiencia, quizás, de gestión”. “Por eso lo que nosotros hacemos es brindar herramientas. Por ejemplo, en Río Negro, las causas laborales en un 80 por ciento se resolvían en seis meses, cuando antes llevaban 5 años. Este cambio demuestra que las cosas se pueden hacer. Es cuestión de crear herramientas y reformular los criterios en el servicio de justicia”, apuntó.

Disertantes

La jornada en esta capital tuvo paneles conformados por magistrados locales. Sobre “Experiencias en Gestión Judicial en la Provincia de Entre Ríos. Perspectiva y balance” hablaron el juez Civil y Comercial Nº4, Pablo Cattaneo; la jueza Penal de Menores de Paraná, Marcela Davite; y la jueza Civil y Comercial Nº2, María Cristina Ardoy. También hubo una exposición sobre “Mejores prácticas de Gestión Judicial”, que la dictaron Héctor Chayer, ex director general de Fores; el presidente del Instituto Alberdi, Luis Ortiz Mallo; y el conferencista de la entidad en asuntos de gestión judicial, Juan Pablo Marcet, entre otros. Participan también representantes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos y del Colegio de Abogados. La clausura estará a cargo del presidente del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, Víctor Sodero Nievas.

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