3 de junio de 2021
FORES presentó al MESICIC (Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción) de la OEA, el informe UN PAIS EN ESTADO DE SOSPECHA: LA ARGENTINA Y LA CORRUPCIÓN 2009-2021.
La elaboración del informe bajo la coordinación del ex Presidente de FORES, Marcelo de Jesús, llevó aproximadamente 4 meses de investigación. El MESICIC está haciendo una auditoría sobre este tema que durará otros 10 meses hasta el próximo mes de marzo.
El informe exhibe el desorden y la insuficiencia de las estadísticas del país: con información desactualizada, contradictoria e insuficiente. A pesar de ello, puede advertirse:
- La gran mayoría de las causas en donde se investigan hechos de corrupción no concluyen: los acusados son sobreseídos por prescripción, muerte del imputado, duración excesiva del proceso (más de 20 años) o porque las pruebas se degradan o erosionan.
- En estas condiciones, dice el informe, “No hay funcionarios inocentes ni culpables: son sospechosos”.
- La Argentina tiene un sistema normativo aceptable para combatir y reprimir la corrupción. Pero las reglas no se cumplen. Parecería que el país ha construido un sistema funcional a la corrupción, sea en forma deliberada, sea por omisiones o negligencias.
- La Auditoría llevada adelante por el Consejo de la Magistratura de la Nación respecto de las causas de corrupción en la justicia federal reveló problemas de recursos humanos, tecnológicos y funcionales que hacen casi imposible investigar y sancionar la corrupción en nuestro país.
- Las notorias demoras en la tramitación de los juicios reflejan una preocupación más por los aspectos formales que por un interés concreto en hacer avanzar las causas.
- Diferentes órganos del estado se hacen juicios unos a otros por negarse unos a compartir información con otras instituciones estatales, con un notorio desinterés por el avance la las causas.
- Durante el período 2009-2016, los casos en donde se investigan hechos de enriquecimiento ilícito son aproximadamente 600, pero en el mismo período se registra solo una condena.
- Las causas prescriben pero ningún funcionario judicial ni del ministerio público es investigado o auditado por haber permitido la prescripción.
El informe concluye con una serie de recomendaciones y propuestas tendientes a evitar la desinformación, la falta de eficiencia y la descoordinación entre los órganos del Estado.
Alfredo M Vítolo – Presidente Marcelo Gobbi – Secretario
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